Parámetros de orientación a las empresas para la contestación de requerimientos de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Casuística o problema jurídico

 Si solo se ha impuesto el comparendo por la autoridad de policía, no  es necesario que la empresa inicie ningúna actuación. Sólo hasta que a la empresa llegue la notificación de inicio de investigación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte es que debe procederse a realizar descargos.

Investigaciones provenientes de la imposición de IUIT (Informe Único de Infraccion de Transporte)

Analizar la forma en la que fue diligenciado el IUIT. Verificar si en el IUIT se escribió de forma correcta:

– El número del manifiesto de carga

– El valor a pagar registrado en el manifiesto de carga

– La identificación de la empresa de transporte (En la casilla 11)

– El código de la infracción.

– Configuración de vehículo

Si el comparendo no fue diligenciado en forma correcta, y es la única prueba obrante en el proceso, lo aconsejable el solicitar el archivo del mismo, teniendo en cuenta que no existe certeza de los hechos que sustentan la investigación.

Investigaciones por rutas intervenidas

En la Libertad Vigilada las investigaciones obran en caso que se realicen pagos por debajo de los valores establecidos en el SICE TAC, adicional los valores dispuestos en las Resoluciones de Intervención(Ver el cuadro de cada resolución).

De acuerdo a lo previsto en el decreto 2092/11, artículo 3, modificado por el art. 2 del Decreto 2228/13, y la Resolución 757/15, art. 3, en ningún caso se pueden efectuar pagos por dejabo de los Costos Eficientes.

Investigaciones por rutas intervenidas cuando se fundamentan en las Resoluciones 757  y Decretos 2092 y 2228 (Decreto 1079 de 2015)

Algunas de las investigaciones por Rutas Intervenidas se están iniciando con base en el Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 757 de 2015.

En la parte resolutiva de las investigaciones se indica que la conducta que fue presuntamente transgredida es “Pagar por debajo de los costos eficientes de operación”. Teniendo en cuenta que unos son los costos eficientes de operación a los que se refiere la Resolución 757 de 2015 y el Decreto 1079 de 2015, y otros son los valores a pagar descritos en las Resoluciones 3437 a 3442 de 2016:

               – La Superintendencia no puede afirmar que se realizaron pagos por debajo de los costos eficientes de operación, y equiparar      estos a los valores a pagar plasmados en las resoluciones de intervención, ya que ambos son diferentes.

               – La conducta investigada no se ajusta a la tipología descrita en los artículos 1 de la Resolución 757 de 2015, Artículo 2.2.1.7.6.2. y Artículo 2.2.1.7.6.4. del Decreto 1079 de 2015.

De esta forma se vulneran los principios de Tipicidad y el Debido Proceso:

Tipicidad: “Pues bien, no ignora la sala que toda la materia sancionatoria está gobernada por el principio de tipicidad (la hipótesis normativa ala que se adecúa la conducta en que incurrió el accionante) y, a diferencia de otras ramas del derecho, no es posible llenar la ausencia de una disposición legal acudiendo a normas semejantes (analogía Legis) o incluso, con interpretaciones extensivas pues en tal caso, con toda la certeza, se lesionarían postulados como el de la seguridad jurídica, y fundamentalmente el derecho al debido proceso” (Sentencia T-938 de 2007, Corte Constitucional)

Debido Proceso: Estas resoluciones no indican cuáles fueron los Costos Eficientes de Operación que fueron vulnerados, sino que solamente transcriben unos  VALORES A PAGAR plasmados en unas resoluciones que no fueron relacionadas en la parte resolutiva, con lo que se está vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa, en especial en lo que tiene que ver con el derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en contra de la investigada. El derecho de defensa incluye el derecho de controvertir las pruebas que se alleguen en contra del investigado, y en la medida en que la Superintendencia no determinó los COSTOS EFICIENTES DE OPERACIÓN que la investigada presuntamente transgredió, no se  cuenta con la suficiente información para poder ejercer su derecho de defensa.

Investigaciones por rutas contenidas en el SICETAC

Es necesario verificar en el SICETAC si los valores establecidos en el sistema son inferiores a los plasmados en los manifiestos de carga objeto de investigación. Si los valores del manifiesto de carga son superiores o iguales a los del SICETAC, no habrá lugar a ninguna infracción, y esta deberá archivarse.

Los descargos y la solicitud de archivo deben centrarse en determinar que el SICETAC arroja valores inferiores a los pagados en el manifiesto.

El valor de horas de cargue y descargue es una variable que ya esta incluida en el SICETAC, así que al valor que arroje el SICETAC luego de diligenciar los campos requeridos (Origen, destino, tiempos de espera, configuración vehicular, tiempos de cargue y descargue), no hay lugar a sumarle ningún otro monto.

Investigaciones por pagos a más de 5 días

En las investigaciones de este tipo, se debe demostrar que el propietario no presentó todos los documentos requeridos por la ley y por la empresa, para realizar el cumplido del viaje y desembolsar el valor a pagar dentro de los cinco días siguientes, como por ejemplo la remesa con el sello del recibido del cliente.

Investigaciones por diligenciar manifiestos de carga en ceros cuando son vehículos propios

El Ministerio de Transporte ha indicado en diversas ocasiones que, cuando se trata de vehículos propios, el manifiesto de carga puede diligenciado en ceros, tal y como lo indica la Resolución 377 de 2013. Para lograr el archivo de la investigación deberá adjuntarse la tarjeta de propiedad del vehículo o el contrato de leasing suscrito con la entidad financiera.

Investigaciones por diligenciar manifiestos de carga en ceros cuando son vehículos terceros, sobre los cuales se tiene un contrato de administración de flota, contrato de arrendamiento, o cualquier otro mediante el cual se tenga la “mera tenencia”.

El Ministerio de Transporte ha indicado que si los vehículos se encuentran en arrendamiento financiero o cualquier otro acto jurídico en que la empresa demuestre la tenencia del vehículo, la casilla VALORFLETEPACTADOVIAJE debe reportarse en cero. Esta misma instrucción se encuentra en la página 98 del manual del RNDC. Para lograr el archivo de la investigación será procedente adjuntar el respectivo contrato y los soportes que se consideren pertinentes para demostrar la existencia de estos contratos privados.

Es necesario recordar que en la casilla del observaciones del Manifiesto de Carga, se recomienda dejar constancia de dichos contratos.

Investigaciones por sobrepeso

Es importante advertir que no obstante atribuirse estas infracciones al transportador autorizado, ellas podrían involucrar también por serle imputable, al remitente o generador de la carga y al propietario, conductor o poseedor del vehículo, si son ellos quienes violan o facilitan la violación de la norma, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 105 de 1993.

Para demostrar que la conducta infractora no la cometió la empresa de transporte, ésta deberá:

• Adjuntar las pruebas documentales que se tengan como: Manifiesto de Carga, Remesa Terrestre, Egreso Contable, Documentos del Vehículo, Tiquetes de bascula de origen y destino, sí se tienen, etc, en donde se evidencie que la empresa autorizó o permitió únicamente el peso establecido en las normas.

• Adjuntar Declaración Extra juicio del Conductor del vehículo en la que cuente con detalles los pormenores del transporte y que diga si se presentaron anomalías que alteraran el peso del vehículo.  En caso contrario pedir que se oficie para que se tenga dicha Declaración, aportando los datos del conductor como son: identificación, dirección y teléfono.

Investigaciones en las que existe ausencia de notificación personal o indebida notificación por aviso.

La empresa debe verificar que la dirección de notificaciones (domicilio) registrada en la dirección territorial del Ministerio de Transporte sea la correcta, y coincida con la indicada en el RUES y en Cámara de Comercio.

Si la notificación se realiza en una dirección distinta a la registrada en la dirección territorial, habrá indebida notificación y se podrá solicitar la restitución de términos.

Debe considerarse que la no notificación, o la notificación irregular del acto administrativo no causa su nulidad, sino que afecta su eficacia y oponibilidad, no siendo obligatorio hasta tanto no se de a conocer, a menos de aceptarse tácitamente la irregularidad, caso en el cual se considerará notificado mediante conducta concluyente. En efecto, conforme a lo expresado por el H. Consejo de Estado  la notificación del acto administrativo no dice relación con su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular.

Frente a la imposición de fotomultas

1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Ley 769 de 2002, Artículo 129).

2. Dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Ley 769 de 2002, Artículo 135, Inciso 5).

3. La notificación debe realizarse por CORREO CERTIFICADO, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Ley 769 de 2002, Artículo 135, inciso 5; Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010).

4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Ley 769 de 2002, Artículo 135, inciso 5; Ley 1437 de 2011, Artículo 72).

5. Una vez recibida la notificación, el presunto infractor tiene tres opciones:

a. Realizar el pago (Ley 769 de 2002, Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).

b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Ley 769 de 2002, Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).

c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia (Ley 769 de 2002, Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).         

6. En la audiencia puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Ley 769 de 2002, Artículo 138).

7. En audiencia se realizarán descargos y se decretaran las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Ley 769 de 2002, Artículo 136, inciso 4).

8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Ley 769 de 2002, Artículo 142).

9. Luego de agotar lo anteriormente dicho, si no se está de acuerdo con la sanción impuesta, y el perjudicado considera lesionados sus derechos, tiene dos mecanismos:

a. La revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción, regulada en el artículo 93 y siguientes del CPACA.

b. El mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo.

Investigaciones por no portar el manifiesto de carga

Esta causal se da principalmente porque el manifiesto sale sin el número de autorizacion arrojado por el RNDC.

En los eventos en que por fallas o errores de servicio del RNDC se tenga que despachar un vehículo sin este número de autorización se recomienda a las empresasa guardar el pantallazo del error o falla, en la casilla de observaciones del manifiesto indicar la falla del RNDC y a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de emitido el manifiesto, intentar el registro nuevamente en el RNDC.

Estos serán los documentos a aportar en caso de investigación.

No diligenciar el manifiesto de carga en debida forma

Se recomienda a las empresas de transporte verificar que los manifiestos de carga cumplan con todos los requisitos mencionados en la Resolución 377 de 2013. En caso de iniciarse investigación por esta causal, se debe incluir dentro de los descargos la fiel copia del manifiesto original del viaje despachado, siempre y cuando cumpla con los requisitos indicados anteriormente.

Investigación y liquidación de la tasa de vigilancia por años anteriores (2012, 2013, 2014)

En estos casos la empresa debe:

– Verificar los ingresos reportados en TAUX y en el sistema VIGÍA.

– Aportar copia de las consignaciones junto con la copia de las certificaciones de los sistemas.

Si la Superintendencia indica que se realizó una indebida liquidación de la tasa de vigilancia, se debe recordar que la tasa de vigilancia correspondiente los años 2012, 2013 y 2014, ya no se encuentra vigente y por ende no puede ser cobrada. Las tasas liquidadas para esas fechas incluían los rubros de funcionamiento e inversión, y este último fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.