Publicado en El Tiempo

La Contraloría General detectó varias irregularidades en el contrato de la vía que comunica a Bogotá-Villavicencio, en donde en los últimos días han ocurrido deslizamientos que han llevado a su cierre parcial.

Según la Contraloría, los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos “no fueron incluidos en el contrato de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015”, lo que significa que en el marco de ese contrato esas emergencias continuarán sin una solución definitiva. Este contrato fue firmado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Chirajara-Fundadores.

Para la Contraloría, esa situación mantiene a la comunidad afectada así como a los usuarios del corredor vial.

El ente de control afirmó que en la estructura del proyecto, el encargado de esta vía sólo se comprometió a la “limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical”, lo que excluyó del alcance del contrato y, por lo tanto, del concesionario, “la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”.

 En el contrato tampoco se contempló hacer mediciones sobre la vía para tener indicadores de “disponibilidad, seguridad, calidad y nivel del servicio, lo que sería contrario con el objeto contractual de la nueva concesión”.

Por eso, para la Contraloría los problemas actuales que tiene esta vía “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsables tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor”.

Por otro lado, en la auditoría la Contraloría evaluó si a la hora de realizar el proyecto la ANI hizo la mejor elección frente a quién se encargaría de la obra, pues sobre la mesa había una propuesta de una entidad privada y de una entidad pública como el Fonade.

Según la Contraloría, hubo “deficiencias en el proceso de compAración” que hizo la ANI, lo que genera “incertidumbre sobre si se escogió la mejor alternativa acorde con los intereses y las políticas públicas del Estado”.

Mientras la iniciativa pública atendía el corredor vial en su totalidad para llevarlo a doble calzada, la iniciativa privada (que fue la que se eligió) se limita al sector tres de la obra vial.

La Contraloría también aseguró que en el contrato del corredor vial Bogotá-Villavicencio hay un hallazgo fiscal de un posible detrimento de 2.000 millones de pesos de los cuales 1.883 millones corresponden “al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores”, sin que se cumplieran los requisitos legales para ese reconocimiento.

Esa comisión de éxito se pagó en  enero del 2016 a una unión temporal que había estructurado el proyecto desde la iniciativa pública, a pesar de que el proyecto terminó siendo ejecutado por otro concesionario que es privado.

Eso quiere decir que la comisión de éxito se le entregó a quien finalmente no participó del proyecto, por lo que hay una “presunta gestión antieconómica por parte de la ANI al pagar una comisión de éxito a una estructuración que no fue exitosa al no ser adjudicada”.

https://m.eltiempo.com/justicia/investigacion/contraloria-dice-que-contrato-via-bogota-villavicencio-no-incluyo-los-deslizamientos-373718

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