La protesta social como sustrato del principio de libertad de expresión es de rango constitucional por ser un derecho fundamental que tiene el pueblo de reunirse y manifestarse públicamente; aunque también tiene un límite y condición: ser legal y pacífica.

Es así como los actos de violencia no son objeto de ponderación con el derecho de tránsito o locomoción al no existir colisión entre con el de expresión, manifestación y protesta, pues por razones obvias los actos ilícitos la excluyen.

Los hechos recientes de manifestaciones violentas y obstrucción de la vía Panamericana por 27 días, en rutas de interés para el abastecimiento interno de la región andina y sus departamentos del Valle del cauca, Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, y también del comercio exterior, que trajo como consecuencia solamente para el sector del transporte de carga y su logística, pérdidas que en un estimado mínimo superan los $27.000 millones, por facturación inocua, 237.000 toneladas de mercancía dejada de movilizar, más de 20.000 viajes diarios dejados de realizar, lucro cesante, reprocesos logísticos, etc., ponen en entredicho la legitimidad de la protesta, e igual sus límites.

Además de haberse probado la precariedad del estado físico de las vías alternas, que debieron ser adecuadas y acondicionadas por acción diligente de la fuerza pública lo que morigeró el desabastecimiento, también lleva a cuestionar el alcance del derecho de reunión y manifestación en espacio público reglamentado insuficientemente en el Código Nacional de Policía, así mismo la efectividad de la ley penal que tipifica o describe estas conductas cuando desbordan los derechos de seguridad, salud, abastacimiento alimentario, y claro está, se hacen con
el propósito de intensificar la presión y de esta forma causar un daño, que creemos debe ser indemnizado.

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