Foto: El Tiempo

Colfecar participó en la socialización realizada por la Superintendencia de Transporte para hablar en torno a la decisión del ente estatal de adelantar la revisión de 60.000 multas que habrían sido impuestas a vigilados de forma irregular por más de $171.000 millones.

En relación a este tema, Colfecar identificó, entre otros, los siguientes aspectos a tener en cuenta:

  1. Expectativa de reintegro del dinero pagado en virtud de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas.
  2. Marco legal de las relaciones económicas toda vez que hay normativa que no fue objeto de análisis en el concepto del Consejo de Estado (Decreto 2228 de 2013 y Resolución 757 de 2015) pero que es transversal a conductas comprendidas en la Resolución 10800 de 2006.
  3. La modulación de las multas que en principio se enmarcará exclusivamente en el marco de los 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

Frente a la reunión adelantada en la Supertransporte Colfecar considera importante destacar las siguientes conclusiones dadas por la autoridad de vigilancia y control:

  1. Es necesario precisar que la respuesta derivada de una consulta elevada por el Gobierno ante el Consejo de Estado tiene una reserva legal de 6 meses prorrogable por 4 años; la facultad en comento no fue usada ya que el objetivo de la Administración es garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector.
  2. El Concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de referencia 11001-03-06-000-2018-00217-00 del 5 de marzo de 2019, el cual es publicó, determinó el procedimiento jurídico a seguir en cada uno de los procesos judiciales, en particular los que están en investigación preliminar, en curso, decididos pero sujetos de recurso, cobro coactivo y los de contencioso administrativo.
  3. El análisis realizado por el órgano de cierre aborda dos niveles, el primero tiene que ver con los artículos del Decreto 3366 de 2003 que fueron anulados a través de providencia del año 2016 y respecto de ellos no era dable aplicarse en la imposición de sanciones; en el segundo nivel se estableció que el principio de legalidad exige la descripción de la conducta (falta) encuentre sustento en la Ley (sin perjuicio que sean detalladas a través de decreto o resolución).
  4. El grupo de actos administrativos que ya tienen acciones caducadas (la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de carácter particular está limitado en el tiempo – 4 meses, en consecuencia posterior a estos no pueden ser objeto de estudio), de acuerdo al contenido de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A) no pueden ser objeto de revisión, en contrario el análisis se realizará sobre aquellos procesos respecto de los cuales no ha operado este fenómeno jurídico (desde la investigación preliminar hasta apelación y también los que están en sede judicial).
  5. Dependiendo de cada caso se archivará (la investigación o proceso) o revocará (decisión por medio de la cual fue impuesta la sanción administrativa), decisiones las cuales serán notificadas de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente para el efecto.
  6. Es desde mayo de 2016 que se produce la sentencia con efectos erga omnes y adquiere efectos hacia el futuro.
  7. En relación con el marco sancionatorio que queda vigente es pertinentes aclarar que a) lo dispuesto como marco del régimen de transito continua vigente b) los efectos derivados del concepto son predicables únicamente de la normativa del transporte público terrestre automotor; de tal forma toda investigación debe tener fundamento legal, es decir que la conducta reprochada encuentre sustento en la Ley 336 de 1996.
  8. En lo que tiene que ver con relaciones económicas, las conductas no se encuentran descritas en una norma de rango de Ley, lo que no quiere decir que el contenido normativo actual haya desaparecido sino que para el efecto de sancionar la Superintendencia en principio no podrá usarlas.
  9. Así las cosas, la autoridad de aquí en adelante podrá sancionar siempre y cuando encuentre que hay un respaldo en la descripción de la conducta a nivel legal.
  10. La Superintendencia de Trasporte se encuentra trabajando en un proyecto de régimen sancionatorio para el sector.
  11. Con ocasión de la modulación en la imposición de multas se recordó que el recaudo de este concepto no tiene como destinatario el colectivo afectado, por esa razón se considera que las otras formas de sanciones (vrgr. amonestación) responden de mejor forma a los fines de la pena.
  12. Se reintegrará el dinero a las empresas de transporte que hayan realizado pagos en virtud de un acto administrativo de contenido sancionatorio del cual se establezca la revocatoria.
  13. No todas las decisiones emitidas por la autoridad durante el lapso de tiempo establecido van a ser objeto de revocatoria o archivo ya que aquellas que tengan su fundamentación en la Ley salvaguardan su presunción de legalidad.
  14. Respecto a los acuerdos de pago, es factible suspender con la salvedad que si al ser revisado el proceso la investigación y sanción están sujetos a la Ley se entenderá incumplido y consigo los efectos legales correspondientes.
  15. El primer grupo de análisis por parte de la Superintendencia corresponderá a los procesos que se encuentran en cobro coactivo (etapa persuasiva).
  16. Se exhorta a presentar los recursos que se consideren procedentes en las instancias judiciales (contencioso o en sede de la Superintendencia) ya que de no hacerlo y resultar del análisis particular un soporte en la Ley no se podrán prescindir los efectos jurídicos adversos.
  17. En el caso de CISA (entidad del Estado que se encarga de hacer los cobros jurídicos), al ser una entidad adscrita/vinculada al Ministerio de Hacienda se está llevando a cabo el proceso de coordinación para determinar las implicaciones respecto a los procesos allí adelantados.
  18. La revisión en comento será adelantada de oficio, es decir, no se requieren tramitadores.

Finalmente, las inquietudes que surjan alrededor del tema objeto de esta circular serán absueltas a través del correo revisionregimensancionatorio@supertransporte.gov.co.

A su vez, aquellos vigilados que necesiten de prelación en el estudio de sus procesos porque están participando por ejemplo en procesos licitatorios o van hacerlo pueden elevar la solicitud a la misma dirección electrónica.

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